El 8 de julio de 2024 se cumplieron 16 años de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictara la sentencia definitiva en la causa, condenando al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a recomponer el ambiente -agua, suelo, aire-, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca Matanza Riachuelo y prevenir daños futuros.

La causa por el saneamiento del Riachuelo comenzó en 2004 cuando un grupo de vecinos/as y trabajadores/as de Villa Inflamable (Avellaneda), entre ellas Beatriz Mendoza, realizaron una demanda por daños a la comunidad y al ambiente.

La sentencia estableció una serie de objetivos que integraron el denominado Plan Integral de Saneamiento Integral (PISA) y se encargó a la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) la ejecución y seguimiento de dicho Plan.

Se ordenó, entre otras cosas, la reconversión y adecuación industrial del polo petroquímico Dock Sud y la implementación de un Convenio Marco en el que cada municipio de la cuenca se comprometía a relocalizar a las familias que se encontraban en riesgo ambiental. Según el Convenio Marco 2010, el total de familias a ser relocalizadas era de 17.771, a la fecha solo se han mudado 6.577, solo el 37%.

Las causas de la demora en la ejecución de la sentencia son varias.

Según el informe del Ministerio Publico de la Defensa, a cargo de la Defensoria General de la Nacion manifiesta “Una primera cuestión responde a la arquitectura administrativa pergeñada para la implementación del convenio. Cada municipio tiene a cargo la ejecución de las obras de viviendas, que son financiadas por el Estado nacional. Es decir, la mayor parte de la responsabilidad en la ejecución está en manos de los gobiernos municipales, que muchas veces no cuentan con la capacidad técnica o la voluntad política para llevar adelante semejante compromiso con la celeridad necesaria, y que en última instancia no resultaron condenados en la causa.” Prosigue diciendo que “Otro gran problema en la ejecución está vinculado con la falta de continuidad y financiamiento producto de los cambios de gobierno en distintos niveles y las crisis económicas que afectaron los presupuestos de la obra pública. Para citar un ejemplo, el municipio de Lanús tiene por convenio que construir 1024 viviendas. En los últimos 10 años entregó solo 174, y el resto estuvo paralizado por más de 6 años.

Otro tema determinante está vinculado con la demora en las obras de infraestructura. En muchas ocasiones, los complejos de vivienda se ven demorados por la falta de acceso a servicios públicos, lo que hace imposible la relocalización de familias.”

En julio de 2014 la que fuera Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, creó el Equipo de Trabajo Río Matanza Riachuelo a través de la resolución DGN 720/14 para garantizar un integral acceso a la justicia de las familias que deben relocalizarse o que su barrio se encuentra en un proceso de urbanización. El Equipo estuvo compuesto por profesionales de distintas disciplinas: abogacía, comunicación social, arquitectura, sociología, antropología y trabajo social, teniendo como abordaje la situacion territorial ambiental de los barrios involucrados en el Convenio Marco.